Era un 18 de agosto de 2000 cuando el grupo antagónico de la extinta lideresa María Eulalia Guadalupe Buendía Torres (La Loba) se negaba a entregar la Presidencia Municipal de Chimalhuacán, mandó a sus correligionarios a evitar que los Antorchistas encabezados por Jesús Tolentino Román Bojórquez tomaran el control de la alcaldía, que por décadas fue el imperio de la impunidad y cacicazgo político de la lideresa, fallecida en mayo por Convid-19.
En esa ocasión en presencia de policías estatales, en el enfrentamiento salieron a relucir armas de fuego, se escucharon disparos, gritos de dolor, de angustia, de furia, heridos, muertos, y la policía solo viendo.
De los copartícipes de los homicidios, sólo a La Loba la detuvieron, procesaron y metieron a la cárcel. Le añadieron otros delitos que sumaron 500 años de cárcel, pero como la pena máxima en la entidad es 50 años, pues es lo que le aplicaron, pero se la llevó el Covid-19.
Para los chimalhuacanos queda una deuda pendiente que no ha podido ser saldada, debido a que sólo una parte de los participantes en esa gresca fue procesada penalmente por el “chimalhuacanazo”.